El pasado sábado cinco de junio, decenas, si no es que cientos de familias sonorenses recordaron un día que, estoy seguro, desearían no haber vivido. En efecto, el cinco de junio de 2009, la Guardería ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social a familiares de funcionarios federales y estatales, fue el espacio donde murieron cuarenta y nueve niños y decenas más quedaron heridos y algunos con discapacidades de por vida.

Difícilmente podemos comprender el dolor que madres y padres, junto con sus demás familiares, vivieron en tan fatal fecha. Menos podemos comprender el dolor que se renueva cada mañana, cuando se hace más y más evidente el hecho de las ausencias injustas. Injustas, sí, porque esos cuarenta y nueve niños no debieron morir; ni las decenas de niños heridos tenían por qué enfrentar la vida en la desventaja a la que la irresponsabilidad de unos pocos les ha condenado.

Estoy seguro que los padres de los niños muertos y los de los niños heridos habrán escuchado de labios piadosos, pero ignorantes, la invitación a que se resignen porque, después de todo, esa ha sido la voluntad de Dios. Sin embargo, lo que Dios nos revela de su carácter en la Biblia, nos hace estar seguros de que la tragedia de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, es todo menos el cumplimiento de la voluntad divina. Por el contrario, existen suficientes elementos que nos permiten asegurar que la tragedia que condena al dolor y a la desesperanza a todos, lejos de ser un acto de Dios, es un atentado contra la voluntad divina por cuanto es fruto de la injusticia, la corrupción, el pecado, vaya, de autoridades federales, estatales y municipales.

Sustenta nuestro dicho el que, hasta el momento, a poco más de un año de la tragedia, ninguna persona haya asumido responsabilidad alguna al respecto de la misma. A favor de los responsables opera la lasitud de del sistema jurídico mexicano. No solo porque las leyes reflejan, con sus lagunas y contradicciones, la ignorancia jurídica de los legisladores que las elaboran; sino, porque a más de con tal ignorancia jurídica, las leyes se elaboran de tal forma que quienes detentan el poder puedan encontrar salidas a modo a sus excesos u omisiones. El caso de la Guardería ABC, viene a mostrar cómo el marco jurídico está de tal forma elaborado, que garantiza la impunidad de los poderosos, de los beneficiarios del sistema político mexicano.

Contra el discurso frecuente y manipulador de nuestros gobernantes, México no es un Estado de Derecho, en el sentido ortodoxo del término. Porque, si el Estado de Derecho es aquel en el que autoridades e individuos se rigen por el Derecho, y éste incorpora los derechos y las libertades fundamentales, y es aplicado por instituciones imparciales y accesibles que generan certidumbre, la realidad nacional evidencia que tal no es el caso de México. En nuestro país, las instituciones creadas para preservar las garantías individuales, para asegurar el respeto a los derechos humanos y, sobre todo, para fortalecer la práctica de la justicia, han sido rebasadas por un estado legaloide que al través de las leyes hechas a modo termina legitimando la injusticia.

Cabe aquí hacer referencia a lo dicho por el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, quien en el documento denominado Facultad de Investigación 1/2009, referente precisamente al caso de la Guardería ABC, establece: que las instituciones se ven rebasadas por la dimensión de los hechos o cuando las condiciones no les permiten actuar con libertad en el sistema democrático… Cuestión que obedece a que, en ocasiones, los entramados institucionales y metajurídicos dificultan el señalamiento de responsabilidad de las instancias de gobierno de la que dependen o con las que están orgánicamente vinculados los entes encargados de investigar y sancionar las conductas violatorias de los derechos.

Lo que el Ministro Zaldívar establece es, sencillamente, que el sistema legal mexicano está a expensas de los que él llama entramados institucionales y metajurídicos. Se refiere, indudablemente, a cuestiones tales como las alianzas corruptas entre funcionarios y sus familiares, el uso de prestanombres y, sobre todo, el poder económico que hermana a quienes tienen el deber de ejercer justicia y a quienes han hecho su fortuna gracias a la violación constante de la ley y la justicia misma.

Quizá alguno de mis oyentes esté pensando que cuestiones como esta no debieran ser del interés de una barra cristiana de radio, ni, mucho menos, de un pastor y predicador del Evangelio. La cuestión es que el Reino de Dios demanda de nosotros la práctica y la defensa de la justicia. El Profeta Miqueas asegura que lo que Dios pide de nosotros es: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y en Isaías, Dios nos exhorta a aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda.

Nuestra fidelidad a Dios exige de nosotros que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia de los poderosos y la impunidad de los mismos. Los padres de los niños muertos y los de los niños heridos, no solamente padecen la injusticia de la muerte y el dolor de sus hijos. Padecen también la injusticia de la impunidad de los responsables y la del cinismo de los que llevan la espada para hacer justicia, como dice Pablo. Impunidad y cinismo que actúan como abono en un estado de cosas en las que, cada vez menos, parece haber razón para cumplir con la ley y para mantener la esperanza de la justicia.

La manipulación que se ha hecho de los padres adoloridos, entre otras cosas con invitaciones a modo en la Presidencia de la República. El cinismo de los funcionarios señalados por el Ministro Zaldívar, quienes, seguros del poder de sus relaciones cortesanas, ni sudan ni se acongojan ante el reclamo de que rindan cuentas. O, el uso político que hacen quienes quieren dañar a sus adversarios, como el de quien desde Bucareli, asegura sin sustentar su dicho, que el incendio fue intencional. En fin, todo esto y mucho más, no es sólo una cuestión jurídica o política. Es, en su origen mismo, una cuestión espiritual. Lo es por cuanto evidencia que quienes han sido puestos por Dios para impartir justicia, han terminado sirviendo al diablo al ir en contra de lo que Dios ha establecido. En el caso de la Guardería ABC, los gobernantes han olvidado que: la justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos.

La injusticia que propició la tragedia de la Guardería ABC; la injusticia que alienta en los familiares de los muertos y heridos, semillas de amargura que ahogan cualquier posibilidad de esperanza; la injusticia que exime a los responsables de la mínima rendición de cuentas, es pecado que deshonra a nuestro México.

Los cristianos, además de interceder de corazón a favor de los que se duelen por la ausencia y/o por la tragedia de por vida que sus hijos habrán de enfrentar, debemos, tenemos la obligación, no sólo de solidarizarnos con ellos, sino también la de asumir nuestra responsabilidad a favor de la justicia. Esto empieza por no asumirnos ajenos a lo que otros padecen por la impunidad, la corrupción, el cinismo, de nuestros gobernantes.

Pero, también requiere del que nos reconozcamos responsables de ser nosotros mismos hacedores de justicia. Cumpliendo y velando por el cumplimiento de las leyes justas. Exigiendo a funcionarios y gobernantes que cumplan con las tareas que se les hayan encomendado y que honren la confianza que, como ciudadanos, les hemos otorgado.

Muchas cosas habrán de cambiar en México cuando nosotros, la Iglesia de Cristo, asumamos nuestra tarea de ser sal de la tierra y luz del mundo. Mientras tanto, quiera Dios bendecir, consolar y hacer justicia a quienes hoy sufren la ausencia y el dolor de sus pequeños hijos.